La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció fallas institucionales en el caso de Julio César Cervantes Cabañas, cuyo cuerpo permaneció durante diez meses bajo resguardo forense sin que su familia fuera notificada.
El acto público ocurrió meses después de que organismos de derechos humanos concluyeran que el caso evidenció una “desaparición administrativa”.
Un caso que exhibió fallas institucionales
Julio César Cervantes, una persona con discapacidad intelectual, fue reportado como desaparecido en septiembre de 2021.
Aunque su cuerpo fue localizado sin vida en enero de 2024 en la alcaldía Coyoacán y posteriormente trasladado a instalaciones forenses, sus familiares nunca recibieron aviso oficial sobre el hallazgo.
La localización ocurrió meses después gracias a un cotejo de huellas dactilares realizado fuera de los mecanismos institucionales de búsqueda.
Familia exige cambios reales
Durante la disculpa pública, Laura Cabañas, madre de Julio César, señaló que el reconocimiento de responsabilidad llega después de años de omisiones y sin anuncios claros sobre modificaciones internas en las instituciones involucradas.
La familia insistió en que el caso no debe quedarse únicamente en un acto simbólico y pidió medidas que eviten la repetición de situaciones similares.
¿Qué señaló la Comisión de Derechos Humanos?
Las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México concluyeron que existieron errores en registros, omisiones ministeriales y deficiencias de coordinación entre autoridades.
Según el organismo, estas fallas pueden provocar que personas localizadas por el Estado permanezcan sin ser identificadas adecuadamente ante sus familiares.
Entre los derechos vulnerados que fueron señalados destacan:
- Derecho a la verdad
- Derecho a la búsqueda diligente
- Derecho a la seguridad jurídica
- Derecho al trato digno para familiares
- Derecho a la memoria de personas fallecidas
Colectivos cuestionan funcionamiento forense
El caso también volvió a poner bajo la lupa las condiciones operativas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
Colectivos de búsqueda han denunciado en distintas ocasiones problemas relacionados con:
- Acumulación de cuerpos
- Retrasos en identificación humana
- Falta de personal
- Manejo inadecuado de restos
- Deficiencias en notificación a familias
“Las disculpas no deberían ser necesarias”
Durante el acto, integrantes de colectivos acompañantes señalaron que las familias no tendrían que llegar a procesos públicos de reconocimiento institucional para obtener respuestas sobre sus seres queridos.
También advirtieron que muchas personas buscadoras enfrentan obstáculos dentro de las propias estructuras gubernamentales encargadas de investigar desapariciones.
Fiscalía reconoce responsabilidad
Representantes de la Fiscalía capitalina aceptaron que existieron fallas en la atención del caso y señalaron que se buscará corregir prácticas indebidas relacionadas con procesos de búsqueda e identificación.
Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer cambios específicos en protocolos, mecanismos de notificación o sistemas de coordinación derivados de este caso.
El debate sobre las “desapariciones administrativas”
El expediente de Julio César Cervantes se convirtió en uno de los casos más visibles sobre las llamadas desapariciones administrativas, término utilizado cuando una persona ya tuvo contacto con autoridades estatales, pero su ubicación no es comunicada adecuadamente a sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos consideran que este fenómeno refleja problemas estructurales en registros, servicios forenses y mecanismos institucionales de búsqueda en México.
